El Ministerio de Hacienda ha incorporado a su arsenal investigador un sofisticado software de análisis forense digital desarrollado por la empresa israelí Cellebrite. Un programa que, conviene saberlo, no nació para perseguir fraudes fiscales sino para rastrear terroristas. Sus primeros clientes fueron la unidad Lahav 433 —el FBI israelí—, el Shin Bet —servicio de seguridad interior— y Los Gedeonitas, unidad de operaciones especiales. Ahora trabaja para el fisco español.
Cellebrite no es una empresa tecnológica al uso. En sus equipos de desarrollo hay exmiembros de la Unidad 8200, la élite de la inteligencia militar israelí especializada en ciberespionaje. La misma unidad que, el pasado 28 de febrero, culminó una operación que acabó con la vida de 41 líderes de la República Islámica de Irán, tras geolocalizar a toda la cúpula mediante el hackeo de la red de semáforos de Teherán. Ese es el nivel de la tecnología que ha comprado Hacienda.
Un cerebro analítico, no un fantasma
Conviene aclarar qué hace exactamente Pathfinder y qué no hace. El analista de inteligencia Eric Frattini, que prepara un nuevo libro sobre los servicios secretos israelíes, lo describe como “más un cerebro analítico que una herramienta de intrusión”. Es decir, no se cuela en tu teléfono por arte de magia. Trabaja después: cuando los datos ya han sido extraídos, los algoritmos de inteligencia artificial los procesan a una velocidad que ningún inspector humano podría alcanzar jamás.
Mensajes, ubicaciones, contactos, imágenes, eventos. Todo cruzado en cuestión de segundos. El sistema detecta patrones de conducta, reconstruye relaciones y traza movimientos geográficos como si dibujara un mapa de tu vida.
La Agencia Tributaria española ha adquirido licencias para cuatro aplicaciones del sistema. La más potente: el rastreo cruzado de casos, que permite detectar conexiones entre investigaciones aparentemente inconexas. Un mismo número de teléfono que aparece en dos expedientes distintos. Un patrón de geolocalización repetido. Conexiones que el ojo humano no vería nunca.
La foto del yate, del coche, del reloj o del viaje, te delata
Pero hay algo que resulta especialmente revelador del mundo en que vivimos: Pathfinder puede analizar de forma masiva las redes sociales de cualquier contribuyente investigado. Instagram, TikTok, Facebook. Si alguien se fotografía navegando en un yate en Mónaco, cenando en Manhattan o comprando un reloj de lujo en Hong Kong, la inteligencia artificial procesa las imágenes y sus metadatos en segundos, y los contrasta con la declaración de la renta. La vida que muestras en las redes puede convertirse en tu principal acusador.
Tarde o temprano, un inspector llamará a tu puerta.
Hacienda con superpoderes: el debate que nadie quiere tener
La llegada de esta tecnología a la administración pública española abre un debate que incomoda a juristas y ciudadanos por igual. El abogado Ignacio Fuster-Fabra advierte que el uso de estas herramientas difumina “peligrosamente” la frontera entre una comprobación tributaria y una investigación cuasi penal. Analizar terabytes de información privada para reconstruir hábitos, relaciones personales y contextos sociales pone a prueba los límites constitucionales en materia de secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad y proporcionalidad.
“La función pública no puede convertirse en una suerte de instructor inquisitorial que ante una oportunidad pretenda encontrar incluso lo que no existe”, advierte Fuster-Fabra.
Los expertos aclaran, no obstante, que Hacienda no tiene acceso libre a los teléfonos de millones de ciudadanos. La herramienta opera exclusivamente sobre expedientes ya abiertos y bajo control de unidades especializadas. No es un Gran Hermano permanente, pero sí una auditoría digital de alcance sin precedentes cuando se activa.
La delgada línea entre eficacia y Estado policial
El fraude fiscal es un problema real. España pierde miles de millones cada año por contribuyentes que declaran lo mínimo y viven como millonarios. Nadie puede objetar que el Estado tenga herramientas para perseguirlo.
Pero hay preguntas que deben hacerse en voz alta: ¿quién controla al controlador? ¿Qué garantías tiene el ciudadano frente a una administración que puede reconstruir toda su vida digital? ¿Dónde termina la lucha legítima contra el fraude y empieza la vigilancia masiva?
Pathfinder ha llegado a España. Y con él, una nueva era en la relación entre el ciudadano y el Estado. Una en la que conviene recordar que la fotografía que subes hoy a Instagram puede ser, mañana, una prueba contra ti.
