Mientras Euskadi contará con un nuevo espacio institucional para canalizar propuestas, evaluar inversiones y participar en la planificación de sus aeropuertos, en Canarias crece la percepción de que el archipiélago no dispone de mecanismos equivalentes, a pesar de su elevada dependencia del transporte aéreo.
Un modelo centralizado con aperturas puntuales
El sistema aeroportuario español está gestionado de forma centralizada por Aena, una empresa pública que opera bajo un modelo en red. Esto implica que los aeropuertos más rentables contribuyen a sostener otros con menor tráfico, garantizando la cohesión territorial.
En este contexto, el acuerdo con Euskadi no supone una transferencia de competencias ni una cogestión plena, sino la creación de un órgano de carácter consultivo. Su función será facilitar la interlocución entre administraciones y permitir que el Gobierno vasco tenga mayor capacidad de influencia en decisiones estratégicas, aunque la gestión última seguirá en manos del Estado.
Canarias: volumen, dependencia y demanda de participación
Canarias presenta una realidad singular dentro del sistema:
- Más de 50 millones de pasajeros anuales
- Ocho aeropuertos distribuidos entre islas
- Dependencia casi absoluta del transporte aéreo
A diferencia de otros territorios peninsulares, el avión no es una alternativa más, sino un elemento esencial para la movilidad, la economía y la cohesión social del archipiélago.
En este contexto, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de que Canarias pueda participar de forma más activa en la planificación y gestión aeroportuaria, apoyándose en el Estatuto de Autonomía, que reconoce su papel en infraestructuras estratégicas.
Diferencias de trato: percepción frente a marco legal
El contraste entre ambos casos ha alimentado un debate político sobre la equidad territorial. Mientras Euskadi ha logrado institucionalizar un canal específico de participación, Canarias considera que sus demandas no han tenido el mismo recorrido.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y técnico, las situaciones no son plenamente equivalentes. El modelo aeroportuario sigue siendo estatal, y los mecanismos de participación pueden variar en función de acuerdos políticos concretos sin que ello implique necesariamente una vulneración normativa.
La cuestión, por tanto, se sitúa más en el terreno de la oportunidad política que en el de una discriminación formalmente acreditada.
Inversión y planificación: un debate abierto
Uno de los puntos más sensibles es el relativo a la inversión. Aunque se han planteado comparaciones en términos de inversión por pasajero, los expertos subrayan que estos indicadores deben analizarse con cautela, ya que dependen de múltiples factores:
- Estado de las infraestructuras
- Necesidades de ampliación o modernización
- Planificación a largo plazo
- Rentabilidad de cada aeropuerto
Sin datos homogéneos y comparables, resulta difícil establecer conclusiones definitivas sobre un posible desequilibrio inversor.
Un debate que trasciende lo técnico
Más allá de los aspectos jurídicos y económicos, la cuestión refleja un debate de fondo sobre el modelo territorial y la capacidad de influencia de las comunidades autónomas en decisiones estratégicas.
El acuerdo con Euskadi evidencia que existen márgenes para introducir mecanismos de participación diferenciados dentro del sistema actual. Esto abre la puerta a que otros territorios, como Canarias, planteen fórmulas similares adaptadas a sus particularidades.
La cuestión de fondo
El debate no gira únicamente en torno a competencias formales, sino a la percepción de equilibrio en el reparto de capacidad de influencia. En territorios con alta dependencia del transporte aéreo, como Canarias, esta cuestión adquiere una dimensión especialmente sensible.
La evolución de este modelo —y la posible extensión de órganos de participación a otras comunidades— marcará en los próximos años el alcance real de la colaboración entre el Estado y los territorios en una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo económico.
